ANTE LA POLARIZACIÓN EXTREMA DEL PAÍS, UNA NUEVA ESTRATEGIA Y UN NUEVO PARTIDO.

DIP. RAYMUNDO CÁRDENAS H.

A.- CUATRO PROCESOS QUE DEFINEN LA COYUNTURA

Aa dos años del bicentenario del inicio de la Independencia y del centenario de la Revolución, el país vive momentos definitorios, pues las condiciones de la convivencia nacional establecidas en la Constitución durante la primera mitad del siglo XX están agotadas, y la élite que ha gobernado los últimos veinticinco años las ha venido sustituyendo imponiendo su concepción de Estado mínimo, por la vía de los hechos consumados, sin dialogo entre los sectores sociales y sin acuerdos que garanticen una nueva gobernabilidad. No han aceptado la revisión integral de la Constitución vigente, pero están imponiendo su visión de país y sus intereses, aplicando leyes y políticas que violan gravemente la Carta Magna.

Durante las últimas tres décadas, la acción de múltiples factores internos y externos generó cuatro grandes procesos que han transformado profundamente la vida de los mexicanos y que han llegado a una fase de su desarrollo que producirá cambios irreversibles e inaceptables para la mayoría, lo que nos obliga a examinar la situación con detalle, con el fin de evitar que la irresponsabilidad se imponga y nos conduzca a rupturas irreparables en el tejido social.

1. Aplicación dogmática del decálogo del Consenso de Washington, estancamiento y desnacionalización de la planta productiva.

A raíz de las crisis económicas de 1976 y de 1982, los sucesivos gobiernos han aplicado meticulosamente las medidas de política económica recomendadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), liberalizando y privatizando sectores enteros para dejarlos en manos del sector privado, extranjerizando cada vez más la planta productiva nacional, perdiendo cadenas productivas y llevando a la ruina al sector rural, generando un número insuficiente de empleos, exacerbando la desigualdad y aumentando la dependencia del capital extranjero para financiar el déficit estructural.

Los resultados han sido tan mediocres en términos de crecimiento y desarrollo, según los propios parámetros del FMI, que durante los últimos años ya examina la necesidad de “reformar a las reformas”. Sin embargo, los responsables de la política económica de México, más papistas que el papa, no admiten la ineficacia de las recetas del Consenso de Washington ni los éxitos de políticas distintas aplicadas en muy diversos países, y sólo piensan en profundizar el proceso aplicando las reformas pendientes.

Los neoliberales del PRI y del PAN que han gobernado el país desde hace cinco lustros no han generado condiciones endógenas para la valorización del capital y, como consecuencia, para el crecimiento económico; el país depende del ingreso masivo de capital extranjero y el modelo ha conducido a que el único ámbito de la economía atractivo para ellos sea el energético, en particular el de la industria petrolera en su conjunto.

Pero si se aprueban las iniciativas de Calderón e ingresa el capital extranjero que esperan, el dólar se devaluará frente al peso, o dicho de otra manera, el peso se apreciará aun más de lo que está, complicando con ello la vida de las empresas exportadoras nacionales pues serán menos competitivas, y de las que producen para el mercado nacional ya que tendrán que competir con las importaciones más baratas. Ello profundizará, una vez más, los problemas del sector externo, con el agravante de que después de PEMEX, ya no tendremos nada que vender y correremos el riesgo de caer en una crisis tan grave como la de 1995.

Como ya hemos señalado, las reformas energéticas propuestas por Calderón, igual que la reforma laboral que ya se anuncia, son parte de la misma política aplicada desde hace 25 años. Se trata de dejar en manos del capital extranjero los medios de producción del sector energético y dejar al Estado sin capacidad de utilizar la renta petrolera como palanca del desarrollo nacional, y como pieza clave para disminuir la desigualdad y combatir las causas de la pobreza.

La situación es extremadamente complicada, pues a Calderón y a su gobierno no les importa conducir al país al borde del estallido social por la agudización de la polarización existente, y están dispuesto a llevar su política hasta sus últimas consecuencias; y las izquierdas no pueden aceptar la situación que se les impone en los hechos, so pena de admitir la inviabilidad, por décadas, de sus proyectos. El enfrentamiento es inevitable e inexcusable para todas las izquierdas.

2. Desmantelamiento del Estado Social surgido de la Revolución Mexicana, reemplazándolo por otro a la medida de los intereses particulares que lo tienen capturado.

Al tiempo que se aplicaba el modelo económico neoliberal, la cúpula gobernante fue despojando al Estado Mexicano de todos sus instrumentos para procurar la justicia social, y de los que le permitían desempeñar su función rectora de la actividad económica, sin buscar nunca un acuerdo nacional sobre el tema, y sin preocuparse de dejarle capacidad para promover el desarrollo de la planta productiva nacional y resolver las demandas más sentidas de muy diversos movimientos sociales. Esa es la causa de la inconformidad que permea en amplios segmentos de la sociedad y de la aguda polarización política que caracteriza la coyuntura actual.

El modelo económico puesto en práctica produjo un resultado inesperado y poco estudiado: el de la transferencia de poder de la clase política neoliberal a un puñado de grandes empresarios, al grado de que el Banco Mundial ha llamado la atención sobre el fenómeno de la “captura” del Estado, incluyendo al SNTE y al sindicato petrolero entre lo que denomina “intereses particulares” que participan en la “captura”. Así, el Estado autoritario, corporativo y corrupto construido bajo el dominio del PRI, fue sustituido por uno igualmente corrupto, antidemocrático y orientado por los grupos que lo han capturado para proteger únicamente sus intereses, lo que está deteriorando dramáticamente la gobernabilidad democrática del país.

La intensión de que el Congreso de la Unión apruebe las reformas energéticas violando descaradamente la Constitución, es una expresión más de desprecio por el Estado de Derecho y por el orden constitucional, y llevará la ilegitimidad del titular del Poder Ejecutivo al Legislativo y, previsiblemente al Judicial, con lo que el pueblo de México y las izquierdas no tendrán otro camino que la no cooperación en la gobernabilidad arbitraria que se le está imponiendo.

3. Liberalización del régimen político autoritario, elecciones cada vez más competidas, alternancia y grave retroceso por la acción de las élites.

Las elecciones federales de 1976 fueron decisivas para que quienes detentaban el poder del Estado en México decidieran iniciar la liberalización del régimen político. En medio de una crisis económica y de contradicciones importantes entre el gobierno de Echeverría y los empresarios, el sistema electoral antidemocrático fue puesto en evidencia cuando el candidato del PRI, José López portillo, realizó una campaña sin oposición legal alguna, pues el PAN no registró candidato y los partidos paraestatales se sumaron a su candidatura. Al margen de la legalidad vigente, Valentín Campa recorrió el país apoyado por el PCM, enarbolando la bandera de la reforma política y la legalización de la acción política de las izquierdas. Un año después, el Secretario de Gobernación Jesús Reyes Heroles, presentó la iniciativa de reforma a la Constitución y la nueva Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, que abrirían la puerta a la transición democrática de México.

Las corrientes principales de la izquierda mexicana desarrollaron una estrategia de fusiones sucesivas y de acumulación de fuerzas participando en los procesos electorales, a la vez que impulsaban, con cierto éxito, reformas que mejoraron gradualmente las condiciones de la competencia. La estrategia produjo el crecimiento de su corriente electoral y su presencia en espacios del poder público. Mientras tanto, las crisis económicas y otros factores políticos posibilitaron la llegada de los neoliberales a la Presidencia de la República y la ruptura consecuente de la Corriente Democrática. En 1988, el candidato del Frente Democrático Nacional, el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas S. (CCS) fue despojado de la Presidencia de la República, para imponer a Carlos Salinas de Gortari.

De esa coyuntura nació el PRD, la más grande organización política de las izquierdas en la historia del país, que decidió mantener en lo fundamental la estrategia de mejorar la organización y de acumulación de fuerzas, creyendo que en un sexenio se podrían remontar las causas y las consecuencias del fraude; durante los siguientes tres lustros logró reformas democratizadoras importantes y ganar algunas gubernaturas estatales, destacadamente la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. Sin embargo, de nueva cuenta, en julio de 2006, su candidato Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue despojado de la Presidencia de la República mediante una vasta operación que incluyó la actuación ilegal del propio Presidente de la República, del Consejo Coordinador Empresarial, del sistema de medios de comunicación, las autoridades electorales etc., evidenciando con ello que los detentadores de los poderes político y económico siguen actuando bajo la premisa de no admitir, en ninguna circunstancia, la llegada de un representante de las izquierdas a la titularidad del Poder Ejecutivo.

Al mismo tiempo que las izquierdas se abrían camino con la estrategia de unir a sus diversas vertientes por medio de sucesivas transformaciones partidistas, la derecha panista avanzó recibiendo en sus filas al empresariado más agraviado por las políticas de los gobiernos de Echeverría y López Portillo, aprovechando el debilitamiento del PRI producido por las escisiones de sectores progresistas del mismo que concurrieron en el PRD, y por las políticas anti-populares de sus últimos gobiernos, se convirtió en una fuerza altamente competitiva que, al fin, ganó la Presidencia de la República en el año 2000.

Vicente Fox integró, según sus propias palabras, un “gobierno de empresarios y para empresarios”, aplicó la misma política económica de los gobiernos neoliberales del PRI, designó al Secretario de Hacienda que le propuso el FMI, dilapidó los históricos excedentes petroleros, y con su conducta en el proceso electoral creó las condiciones para la usurpación del Poder Ejecutivo por Felipe Calderón, lo que generó un tremendo retroceso en la transición democrática y un grave deterioro de las relaciones entre las fuerzas políticas del país.

El deterioro se ha expresado también en los procesos electorales locales, aumentando dramáticamente las denuncias de intervención de los gobiernos de los tres niveles, del uso indebido de grandes cantidades de dinero, y la judicialización de casi todas las elecciones. También se expresan en múltiples atropellos que sufren los gobernantes locales y municipales del PRD, por parte del gobierno federal, que nunca duda en violentar el federalismo contenido en la legislación vigente, en especial el presupuesto aprobado por el Congreso, con tal de imponer sus programas y políticas públicas sobre la pluralidad que el pueblo de México está construyendo en los distintos niveles y esferas de gobierno.

Pero donde se expresa con mayor nitidez el deterioro de la convivencia política, es en el comportamiento del sistema de medios de comunicación, que no solo no garantiza la libertad de expresión de los mexicanos, sino que actúa persistentemente como ariete para golpear políticamente a las izquierdas, especialmente a sus personalidades más relevantes. Es evidente que en el ámbito de los medios de comunicación no se ha producido transición alguna, solo que antes eran “soldados del Presidente” y hoy lo son de los empresarios que han capturado al Estado.

Por todo lo anterior es evidente que las izquierdas están obligadas a revalorar su estrategia de los últimos treinta años y admitir que los fraudes de 1988 y 2006 no han sido accidentales, sino expresiones de que la derecha en el poder nunca ha estado dispuesta a que realmente se dispute el poder presidencial a través de procesos electorales equitativos, y menos a reconocer el triunfo de un candidato de las izquierdas. Debemos asumir entonces que no vivimos en la “normalidad democrática” o en una “democracia consolidada”, y que los mexicanos no tenemos un acuerdo sobre algo fundamental para la convivencia pacífica: las reglas de la competencia por el poder político y para su ejercicio.

4. Integración silenciosa y subordinada de México a los Estados Unidos.

Los últimos veinte años han sido el lapso de la reconfiguración del mundo bajo la conducción de Estados Unidos, después de la disolución de la Unión Soviética. Su poder ha sido utilizado para abrir mercados a las empresas norteamericanas y para imponer la ideología neoliberal en todo el mundo. En nuestro país no tuvieron grandes dificultades para imponer sus mandatos a través de Gobernantes educados en esa ideología, como Carlos Salinas de Gortari, que llegó al poder por medio del fraude electoral, y con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994 aceleró la integración de nuestra economía a la de Estados Unidos, proceso mantenido y ampliado por Ernesto Zedillo.

La llegada de Vicente Fox a la Presidencia de la República, los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, el poder creciente de las elites económicas, entre otros factores, condujeron a la creación de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) como el mecanismo para conducir el proceso de integración de México a EU en otras áreas, asumiendo que la prosperidad llegará México con la profundización del libre comercio, y que la agenda de seguridad de E.U. y el concepto de Perímetro de Seguridad de América del Norte, deben orientar nuestra política en esa materia. Los temas que corresponden a los intereses del pueblo de México, como la migración o los fondos compensatorios para la cohesión social, no forman parte de la agenda.

Los compromisos asumidos en ASPAN se traducen en “acuerdos ejecutivos” que los gobiernos aplican sin el conocimiento y la aprobación de los respectivos congresos, y su orientación se determina por recomendaciones de diversos grupos de trabajo formados para el efecto. En el Consejo Asesor para la Competitividad de la región participan los más prominentes empresarios de los tres países y en él actúa el grupo empresarial que ha capturado al Estado mexicano. De ese Consejo surgió la recomendación de la privatización de los energéticos mexicanos a través de la modificación a la legislación secundaria, con el propósito de darle contenido al concepto de Seguridad Energética de América del Norte, asumido formalmente por los tres Jefes de Estado

Las reformas energéticas de Calderón conducirían a subordinar totalmente a México a los intereses estratégicos y a la política de Seguridad Nacional de Estados Unidos, pues con las reglas del TLCAN será imposible sujetar a las empresas petroleras norteamericanas al interés del pueblo de México, y ello será irreversible. Por eso las iniciativas de Calderón son inaceptables e implican la ruptura definitiva del pacto social que propició la convivencia pacífica de los mexicanos.

Es urgente que los mexicanos, especialmente las izquierdas examinemos a fondo las relaciones de nuestro país con E. U. para encontrar los más amplios consensos que garanticen la continuidad del Estado nacional.

B.- LA CRISIS DEL PRD: OPORTUNIDAD PARA CONSTRUÍR UN NUEVO INSTRUMENTO DE LUCHA.

Los cuatro procesos descritos han llegado a una situación límite, pues su desarrollo e interdependencia obliga a urgentes decisiones en los cuatro ámbitos que cambiarán, para bien o para mal, la situación económica, política y social del país en su conjunto. La inercia gubernamental y las ambiciones de las élites pueden conducirles a suponer que pueden seguir imponiendo su punto de vista, lo que desembocaría en una grave inestabilidad política. Mientras que la inercia de las izquierdas puede conducirlas a no valorar la gravedad de la situación y a no enfrentarla con la seriedad debida. Todos los actores relevantes del país debemos convencernos de que la coyuntura es decisiva y delicadísima y que lo peor es desestimarla.

 

Es evidente que la derecha espera que esta coyuntura histórica se resuelva con un triunfo y con la derrota estratégica de las izquierdas, sobre todo esperan que la crisis del PRD nos impida contribuir con todas nuestras capacidades a desarrollar el movimiento de resistencia a su política. Sin negar que efectivamente ese riesgo está presente, también se puede esperar lo contrario: que aceptando la naturaleza de la crisis, entre los perredistas se consolide la convicción, de aportar al amplio movimiento de resistencia la voluntad de construir entre todos una “casa nueva”, que pueda contener la diversidad más amplia de corrientes de izquierda asegurando su consecuencia política y su eficacia; un nuevo instrumento para enfrentar al polo neoliberal con nuevas capacidades que solo pueden surgir de un gran movimiento unitario, que parecería una utopía si solo se observa el enfrentamiento en el PRD y las dificultades del FAP para ir unidos en los procesos electorales locales.

Pero si recordamos las movilizaciones contra el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, la campaña electoral del 2006, la lucha contra el fraude y la defensa de los hidrocarburos que se desarrolla en la actualidad, reconoceremos que las grandes masas de ciudadanos que comparten las aspiraciones que dan sentido a la existencia de las izquierdas, han regresado a la acción en un movimiento amplio, diverso y cada vez mas unitario, que está exigiendo un comportamiento similar de las elites políticas que dirigen las organizaciones, especialmente de las que integran el FAP, exigencia que aumenta en intensidad en la medida en que avanza la conciencia de la gravedad de los retos que nos plantea la beligerancia de la derecha.

Son millones de ciudadanos que luchan sin exigir incentivo particular alguno y que harán posible que las izquierdas respondan al nivel que requiere la gravedad de la situación. Son ciudadanos que intuyen que si Calderón se sale con la suya en la privatización de la renta petrolera, no habrá futuro digno para el pueblo de México y que, por ello, debemos jugarnos el todo por el todo, hasta lograr que los que detentan el poder del Estado desistan de su intención de privatizar la industria petrolera, reconozcan la contribución de las izquierdas a la estabilidad del país y se dispongan a dialogar con ellas para construir un nuevo pacto social y, como consecuencia, una nueva República.

El movimiento en defensa del petróleo tiene la potencialidad suficiente para unir a la mayor parte de los movimientos y organizaciones sociales que existen en el país con las fuerzas políticas que integran el FAP, y para construir una mayoría social capaz de detener las reformas neoliberales e imprimir su sello en el Estado democrático y social que debemos construir en México.

Por ello, las izquierdas que actuamos en el PRD, y también en el FAP, estamos obligados a propiciar un nuevo y superior dialogo entre las partes que constituyen el movimiento en su conjunto, y a poner a la disposición del mismo nuestra voluntad de construir un nuevo instrumento político a partir de los principios del socialismo y del liberalismo, que pueda derrotar la acción de quienes detentan el poder del Estado capturado por los intereses particulares, y crear las condiciones para que nuestro país recupere su soberanía, construya los acuerdos suficientes para encontrar una vía para el desarrollo equitativo y sustentable, y conquiste un nuevo y digno espacio en el mundo globalizado. De eso se trata esta resolución.

Por todo lo anterior, el Congreso Nacional del PRD aprueba el siguiente:

RESOLUTIVO

1.- Convocar a las fuerzas políticas y sociales de orientación democrática y progresista, especialmente a los integrantes del FAP, para construir juntos un nuevo proyecto político partidario, a través de un proceso que inicie de inmediato con la defensa férrea de la industria petrolera, preparándonos para la resistencia civil, pacifica pero enérgica; que continúe con la participación unificada en el proceso electoral federal de 2009; y que concluya a finales de ese año con la fundación de un gran polo electoral que exprese el proyecto nacional alternativo y la madurez de las izquierdas, para hacer viable el triunfo electoral contundente en el 2012.

2.- Manifestar su disposición para construir una coalición electoral que postule candidatos comunes en los 300 distritos electorales, y para registrar un emblema semejante que identifique a la coalición y exprese la voluntad unitaria de los partidos y organizaciones participantes, y al mismo tiempo permita la identificación de los matices que diferencian a sus componentes.

3.- Proponer que el mecanismo de selección de las candidaturas comunes inicie con la búsqueda de los acuerdos más amplios, incluya la utilización de indicadores diversos como los sondeos de opinión y contemple, en última instancia, la elección universal y directa.

4.- Permitir la participación libre de sus miembros en cualquiera de las listas de candidatos a diputados federales por el principio de representación proporcional, de los partidos que participen en la coalición y en el proceso unitario. Los procesos de integración de las listas mencionadas se desarrollarán simultáneamente y los aspirantes solo podrán participar en uno de ellos.

5.- Asegurar la equidad en la competencia entre expresiones del PRD que decidan competir a través de registros electorales distintos.

6.- Mandatar a sus miembros que resulten electos diputados a la LXI Legislatura, a que constituyan un bloque de legisladores con los grupos parlamentarios que resulten de la coalición electoral.

México, D. F. a 26 de Julio de 2008

 

ANEXO

INCENTIVOS

PARA LAS ELITES DEL PRD

Crea posibilidades de participar “juntos pero no revueltos” en las elecciones del 2009.

Elimina la disputa por la titularidad del emblema actual del PRD.

Le quita dramatismo a la disputa por la dirigencia nacional del partido.

PARA LAS ELITES DE PT Y CONVERGENCIA

Vuelve más equitativa la competencia política entre los partidos del FAP.

Les genera una situación de ganar-ganar.

PARA EL MOVIMIENTO AMPLIO.

Facilita su participación en el proceso electoral.